Renunció el rector del Seminario de Paraná y hubo traslados de sacerdotes

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HallerEl arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, aceptó la renuncia presentada por el rector del Seminario Arquidiocesano, Mario Alberto Haller, quien había asumido en el cargo en 2005, en reemplazo de Ramón Dus, entonces designado obispo de Reconquista, Santa Fe. La novedad se conoció ayer, a través de su publicación en la página de Internet del Arzobispado de Paraná, junto a otra decisión de relevancia: Puiggari relevó del cargo de delegado episcopal de Educación al sacerdote José Francisco Dumoulin, y lo trasladó de Paraná a Villaguay. En su reemplazo, ubicó a José Carlos Badano, actual prefecto del curso Propedéutico del Seminario.

Oficialmente, se indicó que Haller dimitió para poder concluir “sus estudios doctorales”. El todavía rector del Seminario –el recambio se concretará a principios de marzo próximo– es licenciado en Sagrada Liturgia, título otorgado por el Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo, de Roma, en 1996. Pero aunque permanecerá en Paraná no tendrá funciones de párroco, sino que irá como residente a una parroquia, según informó hoy El Diario. No obstante, los primeros datos sobre este tema tuvieron difusión ayer en el programa De igual a igual que conduce Cristian Bello por LT14, lo que generó los primeros cuestionamientos a la decisión de monseñor Puíggari.

 

Aunque dos fuentes eclesiásticas explicaron que la ida de Haller, con quien Puiggari no congeniaba, le da más espacio al arzobispo, y le permitió designar a un hombre de su confianza, el sacerdote Eduardo Rafael Jacob, actual párroco de Santa Rosa de Lima, de Villaguay, quien el 2 de marzo asumirá como nuevo rector del Seminario.

 

El padre Lalo, como todos lo conocen, nació en Aldea Santa María, a 60 kilómetros de Paraná, tiene 41 años, y fue ordenado sacerdote en 1997 por el actual cardenal Estanislao Karlic.

 

No es la única renuncia que aceptó Puiggari: también se alejó de su función de párroco de Nuestra Señora del Carmen el cura Javier Balcar, a quien aún no se le asignó otro destino. De acuerdo a lo que se informó, Balcar se alejó “por motivos personales”.

 

Las dimisiones y los nuevos nombramientos derivaron en un reacomodamiento del equipo de formadores del Seminario Nuestra Señora del Cenáculo.

 

José Carlos Badano fue promovido como rector del Instituto Nuestra Señora del Cenáculo, y Néstor Kranevitter, recientemente nombrado por Puiggari como delegado episcopal para el clero joven, ocupará la función de director espiritual, función que antes desempeñaba Eduardo Tánger, nombrado a finales de 2012 como canciller general de la curia.

 

Consultadas fuentes eclesiásticas por las razones de los movimientos –usuales cada principio de año–, en particular respecto de la dimisión de Dumoulin como delegado de Educación y responsable de las escuelas parroquiales, y su traslado al interior de Entre Ríos. “El cambio fue pedido por Dumoulin. Estaba cansado, y había pedido un reemplazo”, dijeron.

 

De igual modo, sotto vocce, se conocen en el mundo eclesiástico los cortocircuitos que hubo en el último tiempo entre Puiggari y Dumoulin. El sacerdote, junto al párroco de San Benito Abad, Leonardo Tovar, ha sido de los más fervientes impulsores de la investigación en torno del cura abusador Justo José Ilarraz. Ambos sacerdotes han tenido contacto cercano con las víctimas de los abusos, y han escuchado sus testimonios, antes de que el caso llegara a la Justicia. Y en 2010 firmaron una nota dirigida al entonces arzobispo Mario Maulión pidiendo que el caso se denunciara ante la Justicia.

 

El arzobispo les ha hecho conocer su malestar por la difusión del tema en los medios, y les ha llamado la atención en más de una oportunidad. En particular, a la curia le molesta la trascendencia que el tema tiene en forma periodística, y les achaca a los sacerdotes la responsabilidad por las filtraciones de información. Ni Tovar ni Dumoulin han dado un paso atrás, de igual modo. “Yo voy a seguir con lo que empecé. Estoy convencido de lo que he hecho”, dicen que le respondió uno de ellos a Puiggari.

 

En realidad, el arzobispo ha hecho saber también a la Justicia esa incomodidad que le genera la labor periodística. Lo hizo a través de una nota que presentó en la Justicia el 5 de noviembre, cuando habló del “profundo dolor que observo tanto de las víctimas denunciantes como de tantas personas que han sido mencionadas en la causa y por el periodismo, sin haber tenido intervención alguna, afectándose su honra personal”.

 

El caso Ilarraz, la investigación judicial que está en manos del juez de Instrucción Alejandro Grippo y que acumula ya el testimonio de siete víctimas, ex seminaristas entre 1985 y 1993, cuando Justo José Ilarraz fue prefecto de disciplina en el Seminario, no resulta ajeno al movimiento de piezas que ahora dispuso Puiggari.

 

El nuevo rector del Seminario, Eduardo Jacob, fue testigo en la investigación diocesana que ordenó realizar en 1995 el entonces arzobispo Estanislao Esteban Karlic, y que tuvo a su cargo el hoy párroco de la Iglesia Catedral, Silvio Fariña Vaccarezza. Su testimonio está incorporado al expediente que la curia envió a la Justicia, y que se incorporó al expediente “Ilarraz Justo José s/Promoción a la corrupción agravada”, una investigación penal cuyo avance ahora está frenado en función de dos apelaciones que tramita la Sala Primera de la Cámara Penal, que integran Miguel Ángel Giorgio, José María Chemez y Hugo Daniel Perotti.

 

Los elementos que ha recabado el juez, y los testimonios brindados por las víctimas servirían para rechazar el planteo de prescripción formulado por la defensa de Ilarraz, de acuerdo a lo que han indicado fuentes de la Justicia, con lo cual se descuenta la citación a indagatoria del religioso, ahora residente en Tucumán, suspendido de su función sacerdotal desde el 7 de septiembre último. De todos modos, la feria judicial de enero pospuso los tiempos, y no habrá resolución al respecto antes de febrero próximo.

 

Entonces, la Cámara deberá resolver respecto de dos apelaciones: la que formuló el defensor general de Menores, Maximiliano Benítez, que no está de acuerdo con la decisión del juez Grippo de mantener la intervención del defensor de Menores, Pablo Barbirotto, en la causa; la otra, que presentó el abogado Marcos Rodríguez Allende, querellante en la causa Ilarraz, que pretende imputar al cardenal Karlic el delito de comisión por omisión, al no haber denunciado judicialmente a Ilarraz una vez que se enteró de los abusos cometidos en el Seminario, a mediados de la década de 1990.

 

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