Operativo de regularización de impuestos para propietarios con viviendas alquiladas y campos arrendados

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La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) dirigida por el Cont. Marcelo Casaretto y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), desplegaron en conjunto un operativo piloto de regularización de impuestos para propietarios con viviendas y campos arrendados. El esquema fue considerado como exitoso, especialmente en el sector rural. César Del Castillo, director de Fiscalización Tributaria de Entre Ríos explicó a FM Libertad 98.3 de Crespo, sobre cómo fue el procedimiento: “ATER no solamente es la antigua Dirección General de Rentas, sino que incorporamos la vieja Dirección General de Catastro, ambos organismos hicieron a ATER como una entidad autárquica y en el área donde me desempeño, la de Fiscalización Tributaria, hemos dado un paso adelante en sistematizar la información que teníamos de nuestros contribuyentes. Producto de convenios que se celebraron antes y se volvieron a realizar con ATER, con AFIP y diversos organismos que nos dan información, hacemos cruces de datos a partir de los cuales (que en la jerga técnica se denomina inteligencia fiscal), obtenemos datos sustantivos para consultar a los contribuyentes, confeccionando una carta explicativa que es enviada a su domicilio, para que nos ofrezcan una explicación sobre el tema en cuestión. Toda vez que un organismo fiscal hace llegar una comunicación fehaciente a través de un notificador, el contribuyente debe responder por qué, ya que si no responde automáticamente, recibirá una multa. Lo que hicimos con estos casos de arrendamientos y alquileres, fue un cruce de documentos que nos dio información sustantiva para consultarle a diversos contribuyentes de la provincia, propietarios de bienes, urbanos o rurales, que los estaban alquilando, si esa renta que obtienen por alquilar o arrendar estaban declarándola para contribuir con el impuesto a los Ingresos Brutos”, prosiguió.

El funcionario se mostró conforme con este procedimiento encabezado por los organismos mencionados. A su vez resaltó que: “Existe una notoria capacidad contributiva de las personas intimadas. Esta acción, además de haber logrado el ingreso efectivo de las deudas, también incrementa la recaudación corriente y futura por la incorporación a la declaración mensual de contribuyentes y operaciones nuevas”.

Sobre el motivo que funcionó como puntapié a tal iniciativa, Del Castillo comentó: “Teníamos una sospecha acerca de los arrendamientos, especialmente en el sector primario, producto de que esa actividad está exenta y no declara su venta y en ese caso muchos podían llegar a caer en confusión, sin perjuicio de aquellos que arriendan sus campos y no lo declaran. De allí, que a partir del convenio que tenemos con AFIP, evaluamos las rentas de la categoría primera y vimos cómo se comportaba cada contribuyente cuando explotaba un bien de su propiedad, tanto en los rurales como en los urbanos”. Seguidamente enumeró: “La política tributaria del gobierno de la provincia es cobrarle a los que pudiendo pagar no pagan. En este caso se realizó un recorte donde quedaron aquellas personas que tenían un campo de más de $ 200.000 de valuación y lo alquilaban o poseían más de 5 propiedades urbanas y las estaban alquilando, sea salones o viviendas. Todos quedaron sobre un padrón que contenía alrededor de 3.900 contribuyentes en la provincia. De allí seleccionamos 116 casos en Paraná para hacer una prueba piloto y ajustar nuestros mecanismos internos como administradora y ser eficiente a la hora de recibir la respuesta del contribuyente. Necesitábamos hacer una prueba para demostrarnos que estábamos haciendo bien las cosas. Fue exitosa y ahora la ampliaremos. Comenzamos en Paraná y estamos trabajando con contribuyentes de Nogoyá, Villaguay, Crespo, Diamante, La Paz, Gualeguay, Concordia, Concepción del Uruguay, Victoria y Gualeguaychú, para luego hacerlo extensivo al resto de la provincia”, confirmó.

“La tarea apunta a quienes arriendan campos y tienen propiedades en alquiler. Un margen de contribuyentes que tiene capacidad contributiva. No se trata de ir hacia quien posee un campo de 50 has y lo arrienda o una casa que la alquila para vivienda. Ese no es el objetivo de nuestra supervisión. Lo son los contribuyentes que a priori tienen un patrimonio que amerita que le preguntemos si pagó y si no pagó, que pague. De los 116 casos que hicimos, 54 nos contestaron y ya se determinó una forma de pago. Entre estos, recaudamos alrededor de $ 1.250.000, lo que hacen a aproximadamente $ 23.500 pesos por contribuyente. En cuanto al resto, una parte presentó documentación defendiendo su posición, por lo cual debemos analizar quién tiene la razón. Otro porcentaje, ni siquiera emitió respuesta, por lo que ya enviamos una segunda intimación con las consecuentes sanciones”, declaró Del Castillo.

 

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