Legisladores y la Asociación Civil Red de Alerta elaboraron un proyecto para seguir combatiendo la Trata de Personas

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En el marco de una política provincial para combatir la Trata de personas, ingresó a la Cámara Baja entrerriana una iniciativa impulsada por la Asociación Civil Red de Alerta, que prohíbe la instalación y funcionamiento de wiskerías, cabarets o cualquier local en los que se realice explotación sexual o proxenetismo. El proyecto fue presentado a través de la diputada provincial María Emma Bargagna (FAP-Paraná), con el acompañamiento de María Laura Stratta (FPV-Victoria), Nilda Estela Almirón (FPV-Paraná), María Claudia Monjo (FPV-Villaguay), Rosario Romero (FEF-Paraná) y María Felicitas Rodríguez (UCR-Uruguay).

La legisladora del Frente Amplio Progresista, visitó los estudios de Canal 6 Entre Ríos TV y explicó sus fundamentos al respecto: “El espíritu de este proyecto es colaborar con la Nación, que sancionó en abril de 2009 la Ley 26.364 que modifica o introduce en el Código Penal el delito de Trata de personas como uno de los tantos ilícitos contra la libertad individual. Apunta a cuando se redujere a una persona a la esclavitud o prácticas análogas, obligándosela a hacer trabajos forzados o se obtuviere provecho de ella a través de cualquier forma de comercio sexual, la extracción ilícita de órganos o tejidos humanos. Acá no sólo se trata de la explotación del hombre para la prostitución, que lamentablemente se da con casos de personas de corta edad, como niños, niñas y adolescentes, sino también la venta de bebés y de órganos. Abarca una clase de delitos que pueden tener determinadas conductas, vinculadas con el proxenetismo. Existen muchos casos tremendos que se han conocido públicamente. Pensamos que como provincia, tendríamos que sumarnos a lo que ya ha hecho Córdoba y lo que está haciendo Santa Fe, por ejemplo. La finalidad es que en esta Región Centro colaboremos para que no se den situaciones en las que puedan producirse este tipo de delitos. Una de las medidas que favorecería sería la prohibición de locales donde se ejerza el comercio sexual”.

Continuando con el tema, agregó: “Se han encontrado varios locales en estado de insalubridad. Se quiere proteger la libertad de todo el mundo, sobre todo de las personas más indefensas, como las niñas o adolescentes que son más vulnerables frente a una fuerza que se les pueda imponer. Hay personas que libremente deciden ejercer la prostitución, eso no está penalizado, ni por la ley 26.364 ni por nadie en Argentina. Lo que sí se sanciona es la explotación entre humanos para distintos fines”.

Bargagna explicó que no se refiere solamente a las condiciones de los lugares donde se obliga a las mujeres a ejercer la prostitución, sino que también al sometimiento laboral: “Tenemos el grave problema del traspaso de mano de obra barata. Trabajadores que son encontrados en condiciones inhumanas. Son personas que provienen de provincias del norte o de países como Bolivia. Este tema tiene que ver con el derecho laboral y son formas de esclavitud que están prohibidas. La normativa de protección del trabajador es de orden público, debería ser respetada y sus violaciones deberían ser sancionadas y multadas. Pero en Entre Ríos, en varios aspectos que hacen a los derechos de la sociedad y del ambiente y los recursos naturales, tenemos un grave problema, porque no está en la agenda de quienes ocupamos un cargo público o de control. Si en la Dirección o Ministerio de Trabajo, existen dos inspectores para salir a labrar actas en todo el territorio para verificar estas situaciones, claramente no hay control. Las leyes están, las instituciones han sido creadas para poner en vigencia y en práctica esas leyes, pero en el organigrama de los organismos y en los presupuestos provinciales no se hace hincapié en invertir en este sentido. Es necesario contar con un mayor equipo de personal y en planta permanente para ejercer los controles”.

“Si esta ley se sancionara en Entre Ríos, desaparecerían las casas donde determinadas personas se sirven de otras para ejercer la actividad de comercio sexual. Se tiene que poner el acento en colaborar en el combate de la Trata y por otro lado proteger a la víctima, porque las condiciones en que se han visto que son liberadas o recuperadas, son terribles. Es fundamental llevar adelante una apoyatura psicológica y médica. Hay que ver si pueden volver a sus familias, a sus pueblos, porque muchas veces las siguen amenazando”, declaró la legisladora provincial, para luego acotar que “en el caso de que una persona quiera prostituirse, no es punible. Allí entra en otra esfera de valoraciones, tiene que ver con lo cultural, con el problema y dimensión de una sociedad con marginalidad y con poca salida laboral. Es ahí donde el Estado deber mejorar las condiciones de trabajo, como así también las educativas y culturales. Es preciso encontrar las alternativas para ayudar a las personas más carenciadas, con el propósito de que puedan tener la posibilidad de desarrollarse en esta sociedad, sin necesidad de entrar en estos laberintos terribles a donde se entra por desesperación”.

 

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