La Corte Suprema declarará que es inconstitucional que los jubilados paguen Ganancias

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Lo hará este martes. Si bien el fallo aplica a un solo caso, luego podría impactar en los cerca de 300.000 beneficiarios a los que les cobran el impuesto.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declarará este martes que es inconstitucional que los jubilados paguen el impuesto a las Ganancias. Lo hará en un caso particular que le llega de la Cámara Federal de Entre Ríos, pero su decisión podría impactar en todos los jubilados a los que les descuentan el impuesto, que son cerca de 300.000.

Según fuentes judiciales, la decisión sería cuatro a uno: a favor de la demanda de María Isabel García contra la AFIP fallarían Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. En contra lo haría el titular del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz. Cerca del presidente del cuerpo no quisieron hacer comentarios previos a la difusión de la sentencia.

El impacto del fallo sobre el resto de los jubilados tendría distintos pasos. Primero, por supuesto, beneficiará a García, a quien no sólo dejarán de descontarle Ganancias, sino que deberán devolverle lo que le sacaron antes. Luego, la decisión se extendería a otros casos “análogos” que ya están en la Justicia; muchos, incluso, en la Corte. Ese universo sería de unos 2.000 jubilados más.

¿Qué pasa con el resto? Como ya trascendió, el Máximo Tribunal podría pedirle al Congreso que legisle sobre el tema. Si se aprueba una norma en la línea que fijó la Corte, los 300.000 jubilados dejarían de pagar el impuesto y podrían recibir los retroactivos por lo que les descontaron previamente.

Actualmente, se les retiene Ganancias a los jubilados que cobran (al menos) el equivalente a seis haberes mínimos: $ 62.462. En febrero, como adelantó Clarín, este universo le permitió recaudar a la AFIP unos 400 millones de pesos por el impuesto.

Uno de los puntos clave que está en discusión es si corresponde que les descuenten Ganancias a los jubilados que ya tributaron por este impuesto cuando eran trabajadores activos. Es lo que se conoce como doble imposición.

Pero más allá de esa polémica, en el Gobierno la preocupación es económica: el recorte en la recaudación (que de arranque sería menor, hasta que se extienda al resto de los jubilados) llegaría cuando se intenta conseguir el trabajoso déficit cero, con una economía que pasa uno de sus momentos más complicados desde que asumió Mauricio Macri.

A fines de diciembre, el Máximo Tribunal (también con la disidencia de Rosenkrantz) ya había fallado a favor de un reajuste en los haberes, que tenía un impacto casi inmediato en unos 12.000 jubilados que habían judicializado su reclamo por este tema, pero que podría extenderse a otros 140.000.

Y queda pendiente aún si la Corte acepta un pedido para extender los beneficios de los que se conoció como “Caso Badaro”, que estableció un fuerte reajuste de haberes para el período 2002-2006. Fue otro de los “casos madre” que los jueces acordaron tratar en el arranque del año judicial (Fuente: Clarín).

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