Entre Ríos aplicará la reglamentación sobre el aborto que rige en la Nación

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médicosEl Ministerio de Salud de Entre Ríos tiene resuelto modificar el protocolo de aborto no punible que rige hoy en la provincia, y adaptarlo a los parámetros que fijó la Nación durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Se trata de la aplicación aquí de la Guía Técnica para la Atención de los Abortos No Punibles, elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2010. Ese documento contiene lineamientos que apuntan a garantizar a las mujeres el derecho de acceder a la interrupción legal del embarazo cuando éste se encuadre en las causales legales previstas.

En ese marco, el programa nacional establece que la interrupción del embarazo debe ser brindada bajo los mismos parámetros que otros componentes del servicio de salud, es decir, respetando los estándares de calidad, accesibilidad, confidencialidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada.

Y esa será la directiva que llegará a todos los equipos sanitarios del Estado en Entre Ríos, de modo de evitar peligros y daños a la integridad física y psíquica de quien acude al sistema de salud en procura de practicarse un aborto no punible, ya sea que se trate del sistema público o privado, según los parámetros que hará públicos el Ministerio de Salud de la provincia.

 

Hay un fallo que ampara ese tipo de políticas públicas en materia sanitaria.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo el 13 de marzo de 2012, en el caso “F.A.L. s/Medida Autosatisfactoria”, que vino a “aclarar” el contenido del artículo 86º del Código Penal que prevé la práctica del aborto “terapéutico” o “no punible” en casos de violación o cuando haya riesgo de vida para la mujer.

La Corte, además, exhortó a las provincias a redactar sus propios protocolos para evitar que esas confusiones siguieran reproduciéndose hacia el interior de los sistemas de salud.

El 3 de mayo de 2012, el entonces ministro de Salud, Hugo Cettour, dictó un protocolo de práctica de aborto no punible en el sistema sanitario. “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1º) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º) si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”, fijó aquel instrumento legal.

La resolución que firmó entonces Cettour reconoció que la sentencia de la Corte “expresa claramente” la necesidad de dar cumplimiento a lo que establece el Código Civil en su artículo 86, al establecer de modo taxativo cuándo el aborto es no punible, y que es el Estado, “como garante de la administración de la salud pública, el que tiene la obligación, siempre que concurran las circunstancias que habilitan un aborto no punible, de poner a disposición, de quien solicita la práctica, las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura”.

El protocolo, sin embargo, reconoció el derecho de objeción de conciencia para el médico que no quiera practicar un aborto en el sistema de salud pública, aunque a la vez dejó establecido que quienes los realicen quedarían exentos de cualquier persecución penal.

El protocolo estableció que ante la solicitud de interrupción de embarazo no punible, “el hospital y/o el médico tratante tienen la obligación legal de practicar la intervención, siempre que exista consentimiento informado de la mujer”. No se debe, en ningún caso, aclara la norma, dar intervención a la Justicia, publicó El Once.

Pero la aplicación de ese protocolo fue considerado restrictivo por distintas organizaciones, entre ellas, Amnistía Internacional que en 2015 pidió al exministro Carlos Ramos una reforma, aunque sin éxito. La organización sostuvo que el protocolo provincial contrariaba el texto de la resolución de la Corte, que sólo exige una declaración jurada de la víctima de una violación.

El protocolo de Entre Ríos impuso “requisitos adicionales”, como la actuación de un equipo interdisciplinario, que certifique que la mujer ha sido efectivamente violada, y además requiere la intervención del director del hospital, que debe autorizar la práctica. Además,

Amnistía hizo notar que el protocolo provincial “regula únicamente el aborto permitido en casos de violación” pero no incluye el aborto permitido “en casos de peligro para la vida o la salud de la mujer”. Y así, eludiendo un derecho contemplado en la ley, “promueve la confusión en los médicos respecto a la forma de proceder para este segundo supuesto”.

Pero también reprochan que el protocolo “incorpora un requisito adicional para acceder al aborto legal para los casos de violación, en tanto exige la verificación del abuso sexual por parte de un equipo interdisciplinario. Esta circunstancia es absolutamente arbitraria puesto que la Corte Suprema establece como único requisito para acceder a la práctica de aborto, en casos de violación, una declaración jurada de la mujer”.

Ahora, dijo Sonia Velázquez, segunda del ministro de Salud, Ariel de la Rosa, esas confusiones van a quedar definitivamente superadas a partir de la aplicación del protocolo que aprobó la Nación.

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