Dr. Rodríguez Signes: “El Decreto 2239, es una herramienta adecuada para controlar las aplicaciones y que no causen perjuicios a la salud”

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Visitó esta semana el “Centro Periodístico de Entre Ríos”, el Fiscal de Estado de la provincia, Dr. Julio Rodríguez Signes. Mantuvo un largo diálogo con el Cont. Fernando A. Huck en el programa “Grandes Reportajes” de Canal 6 ERTV, donde explicó detalladamente el reciente decreto que regula las aplicaciones de fitosanitarios en la provincia. “Es una herramienta adecuada para controlar que las mismas sean correctas y que no causen perjuicios a la salud” destacó.

“Plantea por ejemplo, que en cada escuela rural, se constituya la Unidad Centinela, que tiene que recibir la receta agronómica, donde está consignado el tipo de cultivo, la aplicación, el día que se va a hacer, lo cual debe ser notificado con 48 horas de anticipación como mínimo al director de esa institución. La aplicación debe hacerse a contra-turno, no tiene que haber chicos en clases, ni docentes y tiene que hacerse en determinadas condiciones atmosféricas, de temperatura, viento y humedad. Creemos que sacamos una norma completa, donde la provincia hace el mayor esfuerzo posible de control. El mismo fue firmado por el gobernador el 1 de agosto y a los días entró en vigencia, pero el 17/8, fuimos notificados de una acción de amparo del Foro Ecologista y de AGMER. El productor debe estar tranquilo, el decreto sigue vigente, sí debe tener en cuenta que si el predio está dentro de los radios cercanos a las escuelas, debe notificar a la misma, pero puede hacer la aplicación, siempre y cuando se haga conforme a las prácticas de fitosanitarios. Puede pasar que algunos se confundan y digan que hay un nuevo amparo, pero no suspende por ahora el nuevo decreto. El amparo implica un juicio breve, en el cual el actor, en este caso el Foro Ecologista y AGMER lo plantean y el juez le corre traslado al estado provincial, para que, en este caso a través de la Fiscalía de Estado, conteste. A partir de ese momento, el juez se encuentra con la demanda y respuesta y tiene un plazo de 6 días para emitir la sentencia”.

– ¿Y si diera lugar al pedido de los ambientalistas?

– En ese caso se apelaría. Lo que podemos decir es que este decreto es producto de un trabajo en el que tuvimos aportes de numerosas instituciones. El INTA ha trabajado sobre todo el tema de la deriva, la exposición al viento y el traslado de la gota a la atmósfera. Justamente este jueves hubo una prueba en Gualeguay, para comprobar en el terreno, el comportamiento que tiene el producto pulverizado de acuerdo a las condiciones climáticas. En ese sentido, la información del INTA es clave, la hemos recibido y tenido en cuenta para elaborar este decreto. Pero también de la Secretaría de Agricultura de la Nación y del CONICET hubo importantes aportes. Hay que distinguir y aclarar que los productos habilitados y no habilitados y de cuáles son las categorías toxicológicas, son competencia del SENASA. Las condiciones de aplicación de esos productos, sí están dentro de la competencia de las provincias y no escapamos a esa responsabilidad…

– Se hablaba que eran 300.000 hectáreas las que quedaban sin poder sembrarse, si no se podía aplicar fitosanitarios a 1.000 y 3.000 metros de escuelas, como lo pedían los ecologistas…  

– Eran 341.000 hectáreas. Para un productor que tiene un campo cerca de una escuela rural, que hasta el día de la fecha venía produciendo con las aplicaciones normalmente y que de la noche a la mañana por vía de un amparo del que no fue parte, porque no fue convocado al juicio, se limita su capacidad productiva, genera preocupación. Estuve esta semana en la Escuela Las Delicias (Gobernador Etchevehere), una escuela del Estado provincial, cuyo objetivo es formar técnicos agropecuarios y que tiene campos propios alrededor de la escuela para experimentar, para producir y no lo puede hacer, ¡¿cómo no va a generar malestar?! Hay un caso paradigmático, que es el de la presidenta de la Sociedad Rural de Nogoyá, familiar directa del dueño de campo que donó el terreno para hacer una escuela dentro del mismo y hoy se le volvió en contra esa donación. Esa persona hizo un acto beneficioso para la provincia, de aportar un inmueble y hoy a esa misma familia, se le inhabilita el campo por ese mismo hecho. Remarcamos que este nuevo decreto, no habilita cualquier aplicación, sino que se hagan de acuerdo a las buenas prácticas, con productos habilitados y pensamos que incluso los ambientalistas deberían, más que atacar, controlar que el decreto se cumpla, no decir que es inconstitucional. Yo creo que sería un aporte para la preservación del ambiente…

– ¿Hay que pensar en un cambio en el modelo productivo?

– Tenemos un modelo productivo basado en siembra directa, con plaguicidas, herbicidas, que tiene sus defensores, que hay que escucharlos y sus detractores, las entidades agroecológicas, que propician otro sistema, que piden que no se use cualquier tipo de plaguicida. Cualquier cosa que haga la administración, que de alguna forma convalide el sistema existente o no, va a ser atacada. Nosotros tenemos que cumplir nuestra función, en mi caso, defender la constitucionalidad. Yo no tomo parte de un debate ideológico, mi función es técnica…

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