Crucesitas 7ª: Buscan reimpulsar la investigación por la desaparición de la familia Gill

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flia-gillUn nuevo juez y el fiscal decidieron desempolvar el expediente y reorientar la pesquisa, donde nada se sabe de los seis integrantes de la familia Gill, desaparecida hace 14 años, una historia que parece detenida en el tiempo.

La investigación, que todavía conserva la carátula de “averiguación de paradero”, estuvo signada por la negligencia y falta de compromiso y no ha arrojado ninguna pista que permita desentrañar el misterio. Desde hace unos meses, un nuevo juez y el fiscal decidieron desempolvar el expediente y reorientar la pesquisa.

Catorce años pasaron desde que José Rubén Gill y su familia fueron vistos por última vez en el velorio de un amigo el 13 de enero de 2002, en Viale, a treinta kilómetros de La Candelaria, el campo en el que vivían y donde el hombre trabajaba como peón.

Al día de hoy, nadie sabe nada de Mencho Gill, de 56 años en ese momento, su esposa Margarita Norma Gallegos, de 26, ni de sus hijos María Ofelia, de 12, Osvaldo José, de 9, Sofía Margarita, de 6, y Carlos Daniel, de 2. No aparecen en registros oficiales ni migratorios, nunca tuvieron trabajos registrados ni los chicos nunca fueron inscriptos en ninguna escuela. Ninguno de ellos fue detenido ni se presentaron a votar.

La investigación comenzó tarde, tuvo mucho de negligencia e impericia y no ha arrojado ninguna pista que permita desentrañar el misterio.

El expediente todavía conserva la carátula de “averiguación de paradero”, sin imputados ni responsables.

Sin embargo, desde hace seis meses el nuevo juez, Gustavo Acosta y el fiscal Federico Uriburu decidieron desempolvar el expediente y reorientar la pesquisa.

En los últimos dos años se ha vuelto a revisar el expediente. “Empezamos desde la foja cero a revisar todo lo que se ha hecho, a citar nuevamente a varios testigos para ver si el paso del tiempo pudo haberle refrescado la memoria en algunos aspectos que en su momento no les parecieron importantes y a revisar todas las pistas desde otra perspectiva; por ahora no descartamos nada”, explicó el fiscal.

Uriburu señaló que “se ha intentado darle una nueva impronta a la investigación, con más protagonismo de la unidad fiscal, se está revisando todo para ver si surge algún dato que no se haya tenido en cuenta antes y se pidió colaboración a la Policía para que algunos efectivos trabajen en el expediente”.

En esa línea, la semana pasada, dos policías estuvieron en la localidad cordobesa de Porteña. El pueblo está ubicado en el límite norte con la provincia de Santa Fe y forma parte de una de las cuencas lecheras más importantes del país y el campo es el principal motor de su economía. Allí se ha conformado un asentamiento de peones rurales entrerrianos y por eso los efectivos estuvieron recorriendo distintos establecimientos, exhibiendo fotos de la familia para ver si alguien los reconocía o si surgía alguna pista. Pero el resultado, otra vez, fue negativo.

Los parientes se enteraron de la desaparición de la familia recién después de tres meses. Fue el patrón, Alfonso Goette, quien les avisó. Se presentó el 3 de abril en la casa de Luisa, una hermana de Mencho, preguntando por ellos. Les dijo que habían salido de vacaciones y que no regresaron; sugirió que podrían estar en la casa de unos parientes en Santa Fe o que tal vez habían viajado a buscar otro empleo en el norte.

La familia siempre lo apuntó como sospechoso y nunca creyó que se hubieran ido por su cuenta; no conciben que nunca más se comunicaran con ellos.

María Adelia Gallegos, la madre de Margarita, aseguró que “el error es buscarlos vivos, porque ellos ya están muertos y enterrados” y volvió a apuntarle al dueño del campo: “Para mí tienen que buscar donde vivían hace catorce años, que es el campo de Alfonso Goette”, le dijo al diario La Acción de Nogoyá.

En la casa, un galpón dentro de la estancia, nada hacía presumir que se hubieran marchado: allí quedaron sus muebles, electrodomésticos, documentos, ropas. Margarita dejó sueldos sin cobrar en la escuela donde trabajaba como cocinera.

Pero el juez de Instrucción de Nogoyá, Jorge Sebastián Gallino, se inclinó por la hipótesis que apuntaba a que la familia se había ido de vacaciones, que tal vez habían conseguido otro trabajo y por eso no habían regresado.

Recién en julio de 2003, es decir, 18 meses después de la desaparición, el juez ordenó la primera inspección en la estancia La Candelaria. Sin resultados. En los años posteriores se hicieron relevamientos, rastrillajes, excavaciones, controles de fronteras, se tomaron testimonios. Tampoco surgieron datos. Incluso se recogieron muestras de sangre en la casa que habitaba la familia y se analizaron en un laboratorio de Buenos Aires. Los resultados determinaron que tres de ellas eran sangre humana, pero que no tenían el patrón genético de los Gill, aunque también les aclararon los peritos que podrían estar contaminadas por el paso del tiempo. Otra vez, la investigación quedó en la nada.

Una luz se encendió en 2010, cuando Gill y sus hijos aparecieron en los padrones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Pero enseguida se adujo que se trataba de “un error del sistema” y la pista quedó descartada.

También se intentó realizar una prueba de biometría, que es un método de reconocimiento facial mediante la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas sobre los rasgos físicos para “verificar” una identidad. Pero no se pudo hacer porque las fotos de los integrantes de la familia Gill son de muy mala calidad y no permiten realizar una proyección digital de cómo se verían al día de hoy.

En agosto del año pasado un equipo científico de la Policía utilizó un dron que toma fotografías del suelo y permite detectar movimientos de tierra en la estancia La Candelaria y campos cercanos. Otra vez, el resultado fue negativo.

Ahora los investigadores trabajan en la búsqueda de empresas que puedan tener imágenes satelitales del año 2002 de la zona donde vivía la familia para compararlas con imágenes actuales y ver si de allí surge algún dato de interés.

El abogado Guillermo Vartorelli, que representaba a Otto Gill, uno de los hermanos de Mencho fallecido en 2010, no duda en calificar a la desaparición de la familia como “el crimen más atroz de la Argentina en tiempos de democracia”. En diálogo con Página Judicial, el letrado consideró que “tendría que haberse realizado otra investigación, pero creyeron que la familia se había ido y tardaron mucho tiempo en ir hasta el campo; nadie atendió el reclamo de la familia; era más fácil decir que se habían ido. Hoy se han agotado muchas posibilidades”.

A esta altura, después de catorce años sin pistas, el fiscal insiste: “No se descarta ninguna hipótesis, así que agotaremos todas las pistas que surjan”.

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