Crespo: PCT cuestionó el proceder del Poder Ejecutivo al sancionar a 3 empleados municipales

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En la próxima sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante, ingresará el recurso de apelación presentado por los 3 empleados municipales sancionados, quienes solicitan que el Poder Legislativo declare nulo el acto administrativo mediante el cual se los suspende (Ver nota “3 Agtes. municipales fueron suspendidos. Apelaron el decreto y el HCD resolverá). No obstante ello, los ediles manifestaron sus primeras apreciaciones al respecto en la comisión llevada a cabo el pasado viernes 17, donde las opiniones fueron encontradas entre la oposición y el oficialismo.

Por su parte, la concejal de Proyecto Ciudad de Todos, Dra. Mariela Britos, expresó que si bien el motivo de la sanción disciplinaria podría entenderse como válido, el Poder Ejecutivo no actuó correctamente en cuanto al procedimiento y cuestionó que no se le haya otorgado a los empleados ninguna instancia de defensa. Asimismo, en diálogo con Canal 6 y El Observador explicó: “Fuera de todas las cuestiones reales que pudieron haber ocurrido y que serán analizadas oportunamente, el debate está relacionado con el debido proceso que debió haber existido, posibilitándole a los agentes el ejercicio de su derecho de defensa, que es esencial en la actividad democrática. Si bien nuestra ordenanza Nº 1784 no establece específicamente dicha instancia para la aplicación de este tipo de sanciones menores, no podemos dejar de observar el plexo normativo. Es decir, como provincia y Nación tenemos normas jurídicas con mayor jerarquía, de manera que cumplir con lo que ellas ordenan es una obligación indiscutible. De hecho, la Constitución Nacional establece como garantía el debido proceso, lo cual significa que cuando a un ciudadano se lo acusa o se lo pretende sancionar, previo debe ser escuchado y debe otorgársele la oportunidad de que presente las pruebas a su favor. En este caso la sanción fue impuesta sin que ellos pudieran ejercer el derecho de defensa, por lo que creo que debe aceptarse la apelación interpuesta en esta cuestión”.

La abogada y edil explicó que cualquier empleado municipal que entiende injusta o mal aplicada una sanción resuelta por el Departamento Ejecutivo, tiene la posibilidad de apelar ante el órgano jerárquico pertinente, como lo es el Concejo Deliberante.

De la votación que realicen los concejales dependerá que la suspensión de estos trabajadores sea revocada o no. Britos sostuvo que “no podría asegurar cuál será la postura de los demás bloques, pero Proyecto Ciudad de Todos va a aceptar la apelación presentada. No por compartir o no la cuestión de fondo, ya que no hemos entrado en su análisis pormenorizado, sino porque no se realizó el procedimiento debido. El municipio como Estado debe velar por el estricto cumplimiento de las normas que nos rigen como sociedad y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos, aún cuando se constituye en parte del conflicto. Los funcionarios no pueden desconocer o hacer inobservancia de las normativas macro que rigen en Argentina”. Cabe señalar, que probablemente la definición pase por los concejales justicialistas, quienes son el bloque mayoritario, pero no será una decisión más y sin consecuencias. Los empleados municipales tienen la posibilidad legal de recurrir a la justicia si no es aprobado su recurso de apelación en el HCD, en cuyo caso la magistratura entrerriana determinará si se ha actuado correctamente y qué sanciones recaen sobre cada parte involucrada.

Durante la reunión de comisión, los concejales evaluaron la posibilidad de convocar a los 3 agentes sancionados, a fin de permitirles que den cuenta de sus argumentos, aunque esto no prosperó. “Se barajó como alternativa, porque existe en la ordenanza un artículo en el que se permite convocarlos, para contar con mayores datos y un panorama más amplio a la hora de resolver. Incluso bajo dicha medida de mejor proveer, podría aceptarse la producción de pruebas y demás, pero igualmente esto no subsanaría el error esencial que ya fue cometido, que es no haberlos escuchado antes de imponerles la sanción. Que se explayen en esta instancia con la suspensión ya establecida, carecería del verdadero espíritu con que fue normado”, comentó Britos.

 

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