El procurador del STJ calificó a la causa Waigel como una de las más importas de la provincia

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El delito imputado a los ex miembros del directorio de Waigel, es el de quiebra fraudulenta, aplicándose esta tipificación penal a los comerciantes declarados en quiebra que simulan o suponen deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas, con el propósito de disminuir la masa de bienes, en perjuicio de sus acreedores. También corresponde cuando no pueden justificar la salida u ocultamiento de parte del patrimonio e incluso cuando se le conceden ventajas indebidas a cualquier acreedor. En este sentido, el procurador del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Dr. Jorge García, quien traza los lineamientos y coordina las estrategias legales de los fiscales intervinientes en la abultada causa, en un extenso diálogo con El Observador, detalló algunas cuestiones analizadas en las operatorias de Waigel: “En los entes societarios, la falencia se dilucida afrontando con el patrimonio, lo que se llama ‘garantía común de los acreedores’ y liquidando luego los bienes. Tradicionalmente tiene un régimen de buena fe y no se pueden ocultar los bienes, ni simular ni hacer fraude a los acreedores. Sin embargo, esto ha ocurrido aquí, donde hay una enorme cantidad de irregularidades. Desde el momento en que la empresa entró en una situación de dificultades económicas, como la cesación de pagos y otras cuestiones del período de sospecha, hubo una enorme cantidad de ventas de inmuebles, operaciones simuladas, sociedades fantasmas que se constituyeron, testaferros para establecer triangulaciones de ventas o para sacar los bienes de la masa de acreedores y del concurso. Todas estas maniobras han sido puestas en conocimiento a la justicia, que inclusive incluyen a un estudio jurídico que los ha asesorado para llevar a cabo las mismas. Dirigimos la artillería penal en este sentido, hacia todos los miembros del ente societario, sin descuidar que tienen vínculos familiares entre sí. La conducta prohibida, vinculada con simular salidas de bienes o hacer parecer que el patrimonio es menor o lograr que no existan en la quiebra, son materia de investigación y más allá de que recién comienza el proceso, hay mucha prueba para comprobar esto. Surgen falsedades de documentos públicos, constitución simulada de sociedades donde intervienen otras personas que serían cómplices y que en consecuencia, van a ser llamadas a declarar y llevadas a juicio”.

El Dr. García reviste una vasta trayectoria judicial, concentrando más de 30 años de desempeño en distintos cargos dentro de dicho Poder, sin embargo se mostró asombrado por las aristas de esta megacausa. “De los procesos que he intervenido en mi carrera, es uno de los casos más importantes de Entre Ríos en todo sentido, tanto por la cantidad de personas involucradas como por los montos dinerarios millonarios que se manejaron. Hubo un plan previo para vaciar la empresa y ofrecer un esqueleto a los acreedores. Resulta interesante destacar que ha habido una actuación mancomunada entre la justicia comercial y la penal, más allá de que las causa son independientes. También la celeridad con que el Dr. Garzón posibilitó las diligencias, permitió que no se frustrara esta investigación. Incluso no esperábamos que resolviera la detención provisional de los acusados, aunque expresábamos este espíritu de que hay una cantidad de pruebas que se podían obstaculizar, si las personas se alertaban del inicio de la investigación estando en libertad”.

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