Comisario Mendoza: “Estamos promocionando la Ley de Desarme”

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El comisario inspector Alberto Mendoza, jefe del Registro Provincial de Armas, organismo dependiente del RENAR, dialogó con El Observador sobre la campaña de desarme que se lleva adelante en Entre Ríos. La misma se puso en funcionamiento mediante la Ley Nacional 26.216, a la cual adhirió el gobierno de Sergio Urribarri. En la provincia existen 3 puntos de recepción de los elementos de fuego, a cambio de los cuales la persona (que puede entregar anónimamente) recibe dinero. El funcionario afirmó que durante la primera etapa de esta campaña, en el país se recibieron 110.000 armas.

– ¿En qué etapa del programa de desarme se encuentran?

– Vengo a Crespo a promocionar la ley de desarme, más allá de la importancia que tiene la función que cumplimos con el registro propio de las armas de fuego, ya sea cada usuario individual, colectivo, coto de casa, todo lo que tenga que ver con armas. Estamos haciendo una tarea de fiscalización y a su vez de promocionar la ley de desarme que está en vigencia. Estamos en la segunda etapa de la ley 26.216 aprobada en 2007, la cual apunta al desarme. En su primer momento tuvo resultados satisfactorios, ya que fueron sacadas de circulación 110.000 armas en todo el país. Hace un año y medio aproximadamente, se implementó nuevamente este sistema y su desarrollo es altamente positivo. Naturalmente que favoreció la adhesión por parte del gobierno provincial a esta ley nacional, mediante la cual estamos promocionando e invitando a todos los municipios a que se hagan eco de esta iniciativa. Se han llevado a cabo procedimientos con bocas móviles de recepción de armas en Paraná, Concordia y Uruguay. En tres semanas se recepcionaron 600 armas.

– ¿Qué camino siguen las armas recibidas?

– Hay una disposición inmersa en la ley que dice que se proceda a su destrucción. Lo recaudado por la fundición de ese material, es destinado al hospital Garraham de Buenos Aires. Hay otro porcentaje pequeño que lo ocupan las armas que tienen algún impedimento legal, las cuales quedan resguardadas.

– ¿Existe todavía un incentivo monetario para quienes entregan armas?

– La puesta en funcionamiento de la ley nueva, fue en marzo de 2011. En 2013 finaliza la recepción y en Paraná el punto de entrega es en calle Ferré N° 42, donde funciona la delegación del Registro Nacional. Cualquier persona sin identificarse, puede entregar el elemento y consecuentemente se le otorga a cambio un valor monetario estipulado para el arma. Por ejemplo, a cambio de un revólver calibre 22, puede recibir $200 con un cheque al portador en Banco Nación, a una cuenta corriente. Lo máximo que se abona, son $600 para armas de alto poder.

– Una persona que sufre hechos de violencia familiar con armas, ¿puede denunciar la situación para que intervengan y hagan el secuestro?

– Pueden existir muchas objeciones, inclusive imaginar que se han entregado armas que han intervenido en ilícitos. Esta medida a nivel nacional está por sobre todas las decisiones que se han tomado. Estamos sujetos a eso. Si hay un caso de violencia familiar, la persona damnificada puede concurrir y entregar el arma. Luego del reclamo que pueda hacerse sobre episodios de agresiones, se analizaría desde otro aspecto o con la intervención de alguna dependencia especializada, porque la finalidad de prevenir acontecimientos de esta naturaleza.

– ¿Cuáles son las diferencias que existen entre el certificado de buena conducta y el de reincidencia?

– El certificado de antecedentes penales lo emite la Dirección Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal. Esto fue acorde a un convenio que firmó el gobernador con el Ministerio de Justicia. Nosotros nos adheríamos al sistema operativo de la unidad de recepción y expedición de antecedentes penales. Los llevamos a cabo hace 2 años y ha existido una importante demanda. Ante esto implementamos un sistema a nivel provincial, donde en cada cabecera y ciudad importante dentro de ese departamento, haya un delegado que realice la recepción del trámite. El mismo se gira a Paraná y desde nuestras oficinas tenemos la forma de tramitar ese expediente, para luego obtener el certificado que requiere la persona. Se puede hacer en 24 horas o en 5 días hábiles…

– ¿Qué datos se obtienen?

– Cualquier tipo de delitos. Cuando una persona ha sido procesada por algún hecho que se le ha imputado, se genera un inconveniente para la persona que quiere obtener el certificado. Se trata de un documento sobre antecedentes penales, mientras no haya sido procesado y condenado, no va a tener inconvenientes para obtenerlo. En el caso de que se le haya archivado una causa por preinscripción o haya sido absuelto, formaría parte de un trámite más que debe realizar para la aclaración sobre esa situación penal.

 

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