Casaretto: “Tenemos un sistema de inteligencia fiscal que nos permite cruzar información”

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En declaraciones a El Observador, el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Cont. Marcelo Casaretto, contó sobre las primeras semanas de este nuevo organismo provincial y de los convenios que vienen firmando con los municipios entrerrianos.

– ¿Tendrá el tiempo necesario para poner en funcionamiento las nuevas metas de su Administración?

– Este cargo tiene estabilidad por ley por 4 años y todo lo que queremos hacer lo tomo como un desafío personal.

– ¿Por qué hace falta firmar los convenios entre municipios y provincia?

– El sistema constitucional argentino tiene 3 niveles de gobierno, nación, provincia y municipio. Cada uno con su grado de autonomía y facultades. Lo que queremos es tener un trabajo conjunto con la AFIP en el orden nacional y con todos los municipios a nivel del interior de la provincia de Entre Ríos. Hasta este momento se coordinaron algunas acciones con esa Administración. Nosotros hemos ampliado ese abanico de actividades en lo que es tarea de capacitación para realizar operativos de fiscalización como hemos hecho en la costa del Uruguay, con actividades de inteligencia fiscal para el intercambio de información, en niveles muchos mayores de lo que se había dicho antes. Esto es una política de Estado.

– ¿Cómo se van a instrumentar los controles?

– Cada municipio nos manda el listado de la totalidad de los contribuyentes inscriptos de su municipio para constatar si están inscriptos en la Administradora Tributaria Provincial. Adicionalmente le estamos proporcionando a los municipios, información sobre las bases imponibles, qué monto en ventas han declarado ante la provincia, para que lo puedan cotejar con los montos que han declarado ante los municipios. Y como tenemos acceso a la información de la AFIP, podemos ver cuándo y cuánto tiene ahí en ventas un contribuyente. Así vamos a intercambiar información. En segundo lugar estamos haciendo operativos de fiscalización. Tenemos 80 inspectores que están saliendo a controlar en distintos lugares de la provincia junto con los inspectores municipales.

– ¿Qué criterio tienen para direccionar esas inspecciones?

– Tenemos un sistema de inteligencia fiscal que nos permite cruzar información de ventas con información de compras, salarios pagados, compras de bienes de uso, inversiones que han hecho a nivel de distintas cuestiones y demás, lo cual nos puede dar una inconsistencia en cada uno de los contribuyentes, que estarían declarando menos ventas de las que realmente debieron haber hecho en función de las compras realizadas. Si vamos a un lugar nos encontramos con que de acuerdo a sus posiciones de declaraciones juradas, tendrían que tener galpones llenos de mercadería, porque han comprado un montón y han vendido muy poco y a veces no sucede. Entonces con eso hacemos una matriz de riesgo alto. Ya tenemos identificada 324 empresas en la provincia. De riesgo medio tenemos 1368 contribuyentes. Puede ser que han declarado y las discrepancias no son tan relevantes, pero estamos hablando de empresas medianas y grandes.

– ¿Ya tienen porcentajes de contribuyentes con declaraciones juradas inconsistentes?

– Puedo decir que a nivel de impuesto inmobiliario o automotor, el incumplimiento está en torno al 30%.

– ¿Qué otros impuestos tienen bajo la lupa?

– Ingresos brutos, automotor, inmobiliario, sellos, ley 4035 y profesiones liberales… Por el control a los profesionales, hemos hecho un convenio con el INAUBEPRO, porque todos los fondos que se recaudan van al sistema de becas. No puede ser que un profesional que tiene capacidad contributiva no pague y prive de alguna manera a un estudiante de bajos recursos de recibir su beca. Por eso firmamos un convenio con el Instituto Becario y tenemos 19 estudiantes que son pasantes, pagos por el instituto becario para que trabajen en la Administradora y especialmente fiscalicen a los profesionales. Tenemos un grupo en Paraná, uno en Concordia, otro en Uruguay y otro en Gualeguaychú. Ya han determinado diferencias importantes que han llevado a que muchos profesionales hayan tenido que venir a arreglar su situación, pagar o hacer convenios de pago.

– ¿Cuántos profesionales hay en Entre Ríos?

– Todavía no tengo esa precisión, pero estamos pidiendo los padrones de profesionales a los Colegios respectivos. El impuesto se llama Profesiones Liberales y es el 2% de la facturación. El mínimo que estaba en $25 lo llevamos a $70 mensual. Eso significa una facturación del orden de los $3500 y de ahí en adelante, los profesionales deben facturar siempre el 2% de sus ingresos.

– Ustedes dieron 60 días para que los entrerrianos registren sus unidades automotrices en Entre Ríos. ¿Qué va a pasar si no lo hacen?

– Le damos la posibilidad a propietarios de todos los vehículos automotores, sean autos, camionetas o camiones, que están radicados en Corrientes y otras provincias, a que los traigan en 60 días acá y empiecen a pagar de acá en adelante el impuesto. No le vamos a reclamar para atrás. Teníamos un extremo con el intendente de Chajarí, que nos decía que había un problema en una calle de de esa ciudad y que de 20 vecinos, 16 tenían sus vehículos patentados en otra provincia. La gente que hace eso, manda sus hijos a las escuelas que paga el Estado entrerriano, van a los hospitales nuestros para atenderse gratuitamente, reclaman seguridad a la Policía de Entre Ríos, servicios al municipio… Entonces es una inconsistencia el hecho que le estén pidiendo servicios al gobierno, cuando por ahorrarse unos pesos pagan sus impuestos a Corrientes. Si quieren pagar los impuestos en Corrientes que se muden y le pidan a Corrientes que le garantice todo eso. Por eso estamos en condiciones de establecer lo que es la radicación del vehículo en el registro de Entre Ríos o lo que se llama la guarda habitual, que la podemos determinar mediante un acta hecha por un escribano en la playa de estacionamiento donde podemos ver que los vehículos están en la provincia. Pero a partir de los 60 días, vamos a hacer sumarios y podemos iniciar acciones legales que pueden llegar hasta el embargo y remate del automotor. Estamos facultados para hacer eso. Pasado este período de 60 días, lo que vamos a hacer es aplicar el rigor de la ley a todos. Entonces le estamos dando la posibilidad que voluntariamente lo traigan y no tengan mayores penas. El gobernador ha decidido y la legislatura nos ha apoyado…

– ¿Creen que los intendentes van a decirles qué tal contribuyentes o cuál vecino tiene camiones radicados afuera?

– Eso hemos acordado, por eso se han firmado los convenios de intercambio de información. En general mandamos intimaciones a los vehículos de alta gama que no pagan, entre 80 y 100 mil pesos para arriba del valor del bien, que debieran abonar por lo menos $1500 de impuestos provinciales. Mandamos 7359 intimaciones en toda la provincia. Había vehículos Porsche, BMW, Mercedes Benz, Audi de $500.000 de avalúo fiscal y que debían $5000 a $10.000 de impuestos provinciales. En este contexto si cada uno tiene una actividad lícita que le permite ganar dinero y comprarse un vehículo de lujo, está en su derecho hacerlo, pero que paguen sus impuestos. En este momento hemos sancionado leyes impositivas que significan un aumento importante en la recaudación, pero lo hemos hecho con una precisión hacia sectores que tienen capacidad contributiva. Por eso no se ha generado un reclamo de ningún sector, porque no es lo mismo intimar a uno que tiene un Porsche, que a uno que tiene un Gol. La mayoría se han presentado voluntariamente a regularizar la situación.

– Con respecto al impuesto inmobiliario a campos grandes…

– Actualizamos el impuesto inmobiliario urbano en función del aumento del valor de las propiedades en los últimos años y estamos actualizando el valor del impuesto inmobiliario rural que está regulado por la ley 8672, que enmarca cómo se establece el valor de los campos, que es combinando los precios de los productos y las cantidades producidas en término de rendimiento físico de las explotaciones de los últimos 5 años. Entonces la provincia está dividida en 37 zonas agro ecológicas de acuerdo a la aptitud del suelo. Es para soja, trigo, maíz, ganadería, citricultura, forestación y en base a eso se determinan las zonas ecológicas homogéneas y se establece un valor de la tierra. Ese valor computa precios y cantidades de los últimos 5 años. En base a eso corresponde una actualización que va a ser importante y que la semana pasada sancionamos en la legislatura un texto de Ley que establece una atenuación de ese aumento para las partidas más chicas y de menor valor. Algunas entidades como Federación Agraria salió a apoyar la forma como lo vamos a instrumentar. FEDECO también y si bien a nadie le gusta pagar más impuestos, lo que estamos es gestando un sistema tributario más equitativo y con un sentido de progresividad. Esto genera adhesión en la sociedad.

– ¿Novedades de acá para fin de año?

– Lanzamos una resolución que establece que todos los proveedores del Estado tienen que estar al día con los impuestos provinciales. Le pusimos que tienen que tener el libre deuda o un certificado de regularización de deudas porque tienen un plan de pagos acordado. Si no tiene eso, no puede licitar en nada con el Estado y no puede cobrar.

 

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