Tras la polémica por la cuenta en Andorra sin declarar, renunció Díaz Gilligan

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Tres días después de la revelación del diario español El País sobre la cuenta de u$s 1,2 millones en Andorra sin declarar, renunció ayer el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan. Según informaron en la Casa Rosada, donde horas antes habían resonado los pedidos de su salida por parte de los socios de Cambiemos, el radicalismo y la Coalición Cívica, el ahora ex funcionario le adelantó ayer la decisión a su jefe Fernando De Andreis, quien se la aceptaría.

“Había voluntad de que se quedara. Pero él prefirió renunciar porque dice que ya está perjudicando al Gobierno con este tema”, contaban ayer, al conocerse la noticia, en Balcarce 50. Algo similar escribió en su misiva de renuncia. “A pesar del respaldo incondicional que sentí por parte de todos los miembros de nuestro gobierno, no creo necesario continuar aferrado al cargo en medio de un debate mediático sobre mis acciones en los años en los que estuve en la actividad privada”, explicó.

Si bien el Jefe de Gabinete Marcos Peña había intentado minimizar la polémica (“No estamos hablando de fondos públicos”, dijo), no fue tan “incondicional” el apoyo entre otros oficialistas. Un día antes, por Twitter, el jefe de la bancada de Cambiemos, el diputado radical Mario Negri, sostuvo que “debería pedir su separación del cargo” para “aclarar su proceder”.

Y ayer mismo, el secretario de Fortalecimiento Institucional, el “lilito” Fernando Sánchez, en tanto, comentó que si fuera Díaz Gilligan “pediría licencia”. Un revival del episodio de José Gómez Centurión. Sin embargo, no cayeron del todo bien estas opiniones dentro de la cúpula oficialista que evita la comparación entre el caso del ya ex funcionario y el del ministro de Finanzas, Luis Caputo, también salpicado por denuncias de ser accionista de sociedades offshore sin declarar.

“Continuaré contribuyendo con las exigentes metas de transparencia que nos propusimos demostrando mi inocencia en todos los ámbitos que se me reclame”, continuó, en su carta, Díaz Gilligan. A esa hora, ya cargaba sobre sus espaldas una denuncia penal del diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade por “la posible comisión de los delitos de lavado de activos y omisión maliciosa” por no declarar aquella cuenta de 2012. Por sorteo, la causa quedó a cargo del juez federal Claudio Bonadio.

El judicial no es el único frente abierto contra el saliente funcionario: el viernes, mientras el Gabinete estaba en el “retiro espiritual” en Chapadmalal, la Oficina Anticorrupción (OA) le había pedido “aclaraciones” y autorización para acceder a los anexos reservados de su declaración jurada. En el organismo que comanda Laura Alonso no habrían encontrado datos de la ya famosa cuenta.

El propio Díaz Gilligan admitió ante el diario Clarín que “no la declaré porque iba a salir de la sociedad”. Se refiere a Line Action, la empresa con sede en Inglaterra en la que, según la denuncia de El País, fue propietario hasta diciembre de 2014, ya asumido como Director de Turismo porteño. “Francisco Casal (un empresario del fútbol en Uruguay) tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía”, justificó, citado en el artículo del medio español.

Según última su declaración jurada (correspondiente a 2016) presentada en la OA, el patrimonio de Díaz Gilligan estaba muy lejos del millón de dólares: ascendía a $1.553.433. Sin ningún inmueble declarado en el país, anotó un terreno en Uruguay, una camioneta Toyota modelo 2012, acciones en Sociedad Comercial Del Plata y Terra Sur, bonos argentinos, cinco cajas de ahorro, cuatro cuentas corrientes y dinero en efectivo, la mayor parte en moneda norteamericana.

Fuente: El Cronista