Suspenden la toma de posesión de las nuevas autoridades de ATE en Entre Ríos

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ATELa resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación que suspende la toma de posesión de las autoridades de ATE se conoció este lunes. La elección había sido impugnada por la Lista Verde y Blanca, porque las urnas de seis departamentos no habrían sido presentadas ante la Junta Electoral provincial, según informó el apoderado legal de la Lista Verde y Blanca, Juan Méndez

 

 

 

La resolución fue firmada por la directora Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio nacional, Dra. Elena Orefice de Otaola. Concretamente, suspende la puesta en posesión de las autoridades, entre otros lugares, de Entre Ríos.

 

Los departamentos en conflicto son Colón, Uruguay, Victoria, La Paz, Diamante y Gualeguaychú.

 

Según relató el apoderado de la Lista Verde y Blanca -opositora a la lista ganadora que encabezaba Oscar Muntes-, se había “impugnado la elección oportunamente, porque seis departamentos no enviaron las urnas a la Junta Electoral provincial, sino que lo hicieron directamente a la Nación”.

 

“No aceptamos ese resultado porque no sabíamos tampoco con qué padrones se votó, nunca se publicó un padrón definitivo, para verificar quiénes estaban y quiénes no”, precisó Méndez.

 

Las críticas también estuvieron dirigidas a la Junta Electoral Nacional de ATE, que designó veedores en los departamentos de la provincia quitándole autoridad a la Junta Electoral provincial. Incluso, Méndez explicó que la Junta Electoral Nacional consignó que el escrutinio total de Entre Ríos fue suscripto por todos los apoderados de las listas “y es mentira”.

 

“Yo no suscribí ningún escrutinio porque no lo acepté nunca, yo quería ver los padrones, no sabemos con qué padrones se votó en determinados lugares”, insistió.

 

Con la suspensión de la toma de posesión, quedaría prorrogado “implícitamente el mandato de la conducción que venía, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión”, entendió Méndez.

 

Entre otras cosas, la Lista Verde y Blanca, pide una pericia caligráfica, debido a que su apoderado no firmó el escrutinio total y que se convoque a nuevas elecciones en esos seis departamentos.

 

“El Ministerio de Trabajo tendría que resolver, y esto puede llevar, teniendo en cuenta los tiempos de la justicia, de los organismos públicos, y si hay nuevas elecciones, uno, dos o tres años”, vaticinó en diálogo con APF.