Virué habló de la Justicia, destino de rodados secuestrados y de la precandidatura de Urribarri

Publicado el 19 de Octubre de 2014 por

Virue [1600x1200]El actual secretario de Justicia de la provincia, Dr. Rubén Virué, tiene una larga experiencia en el campo legal y político argentino, contándose entre sus anteriores funciones, la de haber sido Coordinador de Asuntos Jurídicos del Sistema Nacional de Medios Públicos en el gobierno de Néstor Kirchner, teniendo a sucargo el servicio jurídico de Canal 7, Radio Nacional, entre otras y posteriormente cumplió funciones en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, a cargo del Dr. Carlos Zannini. Esta semana estuvo hablando por más de una hora con el Cont. Fernando A. Huck, director de El Observador, a quien le explicó cómo funciona su área que depende del Poder Ejecutivo provincial, cómo se selecciona a los magistrados, las respuestas actuales que está dando la Justicia a los problemas, cómo funcionará la “Ley de Narcomenudeo”, su opinión sobre el pedido de más “mano dura” que exige la sociedad ante los hechos de inseguridad, su paso por el gobierno nacional y las posibilidades que Sergio Urribarri tiene para llegar a la presidencia de la Nación.

– ¿Cómo ve la actualidad de la justicia en Entre Ríos?

– Creo que no solo tenemos que visualizar la justicia de hoy, sino lo que ha evolucionado en este último tiempo. Cuando empecé a ejercer esta profesión en Larroque, en febrero de 1986, había un Juzgado de Trabajo; dos, Civil y Comercial, uno de Instrucción y otro Correccional en la competencia del Departamento Gualeguaychú. Hoy, esa misma jurisdicción, tiene 3 de Trabajo, 3 civiles y ahora, con la implementación del nuevo sistema judicial, tiene la Cámara del Crimen, con competencia en lo Civil y Comercial y probablemente antes de fin de mes, empiece a funcionar la sala de la Cámara con competencia Laboral. Es una evolución que ha tenido la provincia donde se han invertido partidas presupuestarias importantes, tanto para la creación de juzgados como para la infraestructura necesaria. Este nuevo proceso que se empezó a implementar en Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú y que ahora llega a toda la provincia, requiere de ajustes, de un cambio de mentalidad, pero en el diálogo que tenemos con abogados y demás profesionales, hay coincidencia de que este sistema tiene muchas bondades…

– ¿Será más eficiente y rápida la Justicia?

– Sin dudas, la Justicia va a ser más rápida. Pero el concepto de rapidez no creo que tenga una relación directa con el de eficiencia. Hubo casos que se han resuelto en 48 horas, porque hubo un acuerdo entre la fiscalía y la defensa para llegar a un juicio abreviado, cosa que antes no existía. Una persona que reconoce su culpabilidad, prefiere evitar la instancia del juicio oral y acuerda una pena y se resuelve rápidamente el caso. Pero hay que tener en cuenta las garantías, porque en muchas oportunidades, el que está imputado es inocente y quiere llegar al juicio oral. Tiene la presunción de inocencia a su favor y quiere que los elementos de prueba no sean merituados exclusivamente en un acuerdo, sino que sean hechos por un juez independiente. Tuvimos un caso reciente, donde se produjo la liberación de parte de la Cámara de Casación de quien atropello a dos niños, frente al Consejo de la Magistratura y a la Escuela Centenario de Paraná, lo que tuvo una repercusión social importante, porque parte de la comunidad no esperaba esa resolución. La Cámara habrá tenido los elementos necesarios para adoptar esta resolución y una cosa es esa determinación, que se adopta con ajuste a derecho y otra es la que la comunidad percibe. En esto es importante que los jueces resuelvan de acuerdo a lo que corresponde a los derechos y respetando las garantías y no por lo que se supone que el imaginario social pretende.

– Muchos creen que hay demasiado “garantismo” por parte de los jueces argentinos con quienes delinquen y no con los damnificados…

– Tenemos que ceñirnos como hombres de derechos y a una Constitución Nacional que consagra el principio de la inocencia. A su vez, hay un sistema constitucional que nos dice que la cárcel no es un castigo, sino un lugar para seguridad de la comunidad frente a quien delinque. A veces, la decisión de la Justicia no es compartida, porque no se conocen los elementos que tuvieron los jueces al momento de decidir…

– Cuando un joven roba 15 o 20 veces, rompe autos y queda libre a las pocas horas, genera un repudio generalizado en la sociedad…

– Cuando hay un robo a mano armada, la situación es más compleja y los jueces aplican con más rigor las restricciones a la libertad. En ningún lugar del mundo, la elevación de las penas ha significado una disminución de los índices delictuales, sino que se logra con un contexto social determinado, con una política de inclusión… Es comprensible que la gente reaccione diciendo “como lo van a dejar en libertad”. Muchas veces, la gente toma partido por la “mano dura”, pero debemos manejarnos con lo que consideramos las cuestiones constitucionales y nuestros principios y posición frente al tema. Hablar de garantismo no es lo que la comunidad percibe como tal. Es la explicación de lo que es nuestro esquema constitucional…

– ¿Cree que los jueces tienen la posibilidad de ser más rigurosos?

– La ley fundamental, que es la Constitución Nacional, establece la presunción de inocencia y hasta para qué son las cárceles. Hay una impresión de que no es que los jueces aplican mal las leyes, sino que nuestro sistema es así. En el gobierno del Dr. Montiel, una política procesal que fue después declarada inconstitucional, estableció en el Código de Procedimiento, que el abigeato no era excarcelable. Un delito menor, como puede ser la faena de un animal aún en situación de indigencia, generaba tener que ir a la Cámara de C. del Uruguay para que recién ahí, se revoque la situación, después de estar 40 días detenida una persona, porque había faenado un animal. No estamos diciendo que esté bien robarse un cordero o un novillo, pero ese tipo de restricciones después terminan con una sanción inconstitucional por parte de la propia Justicia. Entonces el procedimiento penal debe tener conciliación irrestricta que reitero, tiene pautas de derecho convencional e internacional que debe respetar nuestro país.

– Una de las responsabilidades que tiene su secretaría, es la elección de los futuros jueces…

– Tenemos institucionalmente la presidencia del Consejo de la Magistratura de la provincia, que es un organismo asesor que interviene en el proceso de selección de jueces, fiscales y defensores, excluidos los miembros del Superior Tribunal, el Procurador General y el Defensor General de la provincia, que sí mantiene constitucionalmente el esquema anterior, que lo designa el gobernador con acuerdos del Senado. Dicho consejo está integrado por 11 miembros, cuya única participación política es la presidencia, que en este caso es el secretario de Justicia, porque en el resto, la integración es polifacética, con componentes de la Asociación de Magistrados, miembros del Colegio de Abogados, académicos, representantes de la sociedad civil, a través de las ONG y de los empleados judiciales. La titularización de un cargo de juez es exclusivamente con intervención del Consejo de la Magistratura y el proceso de selección tiene una parte técnica, una curricular y otra de entrevistas. Elaboramos las ternas, las que son elevadas al Poder Ejecutivo, que es de carácter vinculante y de la misma, el Ejecutivo extrae uno de los miembros seleccionados para elevar el pliego al Senado, que presta conformidad… Estoy desde el 31 de enero de 2012 y ya superamos los 30 magistrados elegidos con este sistema.

– ¿Qué opina sobre la “Ley de Narcomenudeo”, que esta semana aprobó con modificaciones la Cámara de Diputados?

– Es un proyecto en el que no intervino la Secretaría de Justicia en su elaboración y que establece que para los delitos de narcomenudeo, quede la instancia investigativa en la órbita de la justicia provincial y una vez agotada dicha etapa, se pase a la Justicia Federal para su juzgamiento. Mi preocupación en este tema es cómo se concilia, sin un instrumento normativo de carácter federal, el acceso del expediente luego de la investigación provincial a la otra órbita… La primera etapa de un delito determinado que corresponde a la Justicia Federal, siempre se hizo en la justicia provincial. Un accidente de ferrocarril, que es de jurisdicción federal, la diligencia preliminar la hace la policía del lugar e inmediatamente después de las primeras actuaciones, se declara la incompetencia y se deriva a la Justicia Federal y en materia de estupefacientes, es así también. Lo que cambiaría hoy es que no habría una declaración de incompetencia inmediata, sino que sería competente para investigar la comisión de estos delitos y una vez agotada esta etapa, cuando la fiscalía lo considere, en la etapa del juicio oral, se derivaría a la jurisdicción federal. Para que no derive en una situación de conflicto de competencia, entiendo que va a ser necesario por lo menos una norma federal que permita este tipo de soluciones…

– ¿Faltan más juzgados en la provincia?

– Todos los legisladores tratan de crear juzgados para su departamento, para mejorar el servicio de justicia, pero para eso, se necesita asignar los recursos presupuestarios. Es una cuestión mucho más compleja. Sí se trata de salir de los esquemas de multifueros, de juzgados que tienen competencias múltiples, que impide la especialización del magistrado, que tiene que conocer un poco de cada cosa…

– Un decreto del gobierno provincial le permitió a la policía hacer más controles de motos, por lo que van a haber más vehículos secuestrados ¿Qué se debería hacer con las que no son reclamadas…?

– No estaría mal que a través de un mecanismo legal, se determine que se apliquen reglas similares a las que se usaron, con la acumulación de vehículos, en la comisaría de Médanos y Brazo Largo, de autos mellizos, con patentes adulteradas y otros, que terminaban en un remate público. Y los fondos que sean afectados a infraestructura de las propias oficinas que generaron dicho remate.

– Tuvo un paso en el gobierno nacional, como coordinador de asuntos jurídicos del Sistema de Medios Públicos: ¿qué balance le dejó?

– Fue una experiencia tanto jurídica como personal muy positiva. Tuvimos muchos juicios derivados de conductores, que venían del periodo de la Alianza que tenían importantes sueldos o retribuciones, que excedían ampliamente la escala salarial y que cuando se produjo el cambio de gobierno, se los desplazó de esos lugares y promovieron demandas laborales. Tuvimos conflictos muy serios en Mendoza, donde habíamos iniciado un proceso de instalación de repetidoras de la señal de Canal 7 y hubo medidas cautelares para interrumpir esas iniciativas, porque decían que competían con el sector privado. En 2008, pasé a trabajar en la Secretaría Legal y Técnica, que fue una experiencia muy enriquecedora, al lado de Carlos Zannini…

– El martes el gobernador Sergio Urribarri dio a conocer el anteproyecto de ley para implementación del mecanismo de prevención de la tortura…

– Sí, fue anunciado esta semana en la Casa de Entre Ríos por el gobernador… La tortura es una práctica que hay que desterrar de cualquier forma, porque la integridad de la persona humana es respetable, no solo porque lo diga la ley sino por principios de justicia universal. Aspiramos que con un mecanismo de esta naturaleza, esos vestigios de resabios autoritarios dictatoriales, desaparezcan por completo…

– En el plano político, con alguna reforma ¿Cristina Fernández podría todavía ser reelegida…?

– La presidenta no se ha expresado en el sentido de forzar una reforma constitucional para permitir un nuevo periodo. Además, no hay tiempos constitucionales y no creo que sea saludable para el sistema que quedemos exclusivamente atados a un liderazgo determinado. Cristina Fernández puede cumplir su rol de líder del movimiento que encabeza, estando fuera del gobierno o cumpliendo otro rol y aparecerá un nuevo liderazgo que estamos convencidos que va a ser dentro del Frente para la Victoria, para que continúe la tarea que se desplegó a partir del 25 de mayo de 2003 con Néstor Kirchner y en eso estamos participando, alentando y tratando de contribuir para que esa continuidad, esté a cargo del gobernador Sergio Urribarri…