Analizaron el proyecto que permite a las fuerzas provinciales actuar contra el narcotráfico

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STJ-claudia mizawakEn sala de reuniones de comisiones del Senado, hubo una reunión de la Comisión de Legislación General, de la que participaron la presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Claudia Mizawak y el Procurador General del Poder Judicial de Entre Ríos, Jorge Amílcar Luciano García.

Allí se hizo un análisis del proyecto de ley que propone atacar la venta de droga en baja escala, denominada vulgarmente “narcomenudeo”. Se trata del primer encuentro para comenzar el estudio del tema. Continuará en las próximas semanas con otros organismos del Poder Ejecutivo.

Estuvieron presentes los senadores de Islas, Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Federación, Feliciano, Concordia, Paraná, Uruguay y Diamante, Eduardo Melchiori, Eduardo Matorras, César Garcilazo, Natalio Gerdau, Angélica Guerra, Esther González, Enrique Cresto, Juan Carlos Brambilla, René Bonato y Daniel Kramer, respectivamente.

A su tiempo el senador por Concordia Enrique Cresto explicó los alcances de la iniciativa, señalando que “la venta de droga a baja escala es un tema discutido por muchos sectores desde que el presidente Kirchner impulsó la ley 26052, con una clara idea de luchar contra el narcotráfico, con una visión muy realista del tema, dándole participación y responsabilidad a las provincias”.

Recordó que cuando se aprobó la adhesión hubo argumentos de la Justicia y el Estado entrerriano que llevaron a dejar suspendida la aplicación de la ley 9783.

“Estamos preocupados por la proliferación de puestos de ventas de droga, que se nota muchísimo en las grandes ciudades. No tenemos quizá una estadística concreta, pero hay un clamor de la ciudadanía que muestra preocupación por esas situaciones y se nos expresa en forma permanente”, graficó.

Luego habló la titular del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak, quien señaló que “en muchas causas penales vemos que la droga está cruzando otros delitos”.

“No hay espacio para mirar hacia el costado”, dijo la Magistrada. Mencionó la vigencia de un decreto y de dos acordadas del STJ, en una de las cuales se hizo un análisis de todos los requerimientos materiales para hacer frente a este tipo de práctica delictiva en forma seria, a modo que arrojen mejores resultados.

Consideró estratégica la presencia del Procurador, sobre todo teniendo en cuenta el avance en la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal.

Mizawak dijo que “estamos viendo en Paraná situaciones que nos llevan a poder decir que no existe una posición contraria a la posición que plantea y propone el proyecto, pero trataríamos de encontrar el mejor modo posible para aplicar la norma”.

Además la presidenta del STJ se mostró preocupada no sólo por contar con elementos para atacar el delito, lograr condena, sino en contar con un sistema de atención y contención de los adictos. “Es un problema grave de salud pública”, reiteró, considerando que “aquí tiene que opinar Salud y las obras sociales, entre otros, que pagan tratamientos de rehabilitación en otras provincias”.

Otra cuestión que mencionó es lo que pasa en las cárceles y en este sentido se refirió a que hay 200 presos federales y la mayoría por temas relacionados con causas por estupefacientes.

La mayoría de los federales no están procesados, cuentan con recursos y dificultan la tarea del penitenciario. “Si vamos a abordar esto, lo tenemos que hacer en conjunto, desde la provincia y desde organismos federales”, resaltó.

Por su parte el Procurador General, Jorge García, mencionó que hace un tiempo estuvo en Colombia donde se suscribieron convenios para realizar capacitación en la fuerza de seguridad provincial.

Más adelante, García dijo que “no se trata de sacar la ley y sólo así terminar con el problema. Hay cuestiones estratégicas para mencionar como es el caso de la infraestructura”, puntualizó.

Explicó algunas situaciones que se dan en la Justicia Federal, mostrando un profundo conocimiento de una situación a la que consideró “social”.

“El problema mayor de la droga no es el juzgamiento, sino que se trata de lograr prevención y desarmar el sistema, decomisar y quitarles la mercadería. Quizá el fortalecimiento mayor debería darse en las fuerzas de seguridad y en un proceso que debe fortalecer la educación en lazos de seguridad entre los habitantes de los barrios”, sostuvo luego el jefe de los fiscales.

Por otro lado, consideró como “un buen momento” para tratar la problemática y mostró a los legisladores su opinión sobre la necesidad de armar “una fuerza de seguridad formada, preparada y blindada contra la corrupción”.

 

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