Crespo: Fiscal Aramberry dio detalles de la etapa procesal que llevó a la detención de los Waigel

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Durante la mañana de este miércoles 31 de octubre, vence el plazo que tiene el Juez de Instrucción Nº 7, Dr. Elvio Garzón, para tomarle declaración indagatoria a los 8 detenidos de la familia Waigel. En diálogo con Canal 6 y El Observador, el fiscal que interviene en la causa por supuesta quiebra fraudulenta, Dr. Ignacio Aramberry, manifestó: “En principio, el Juez de Instrucción cuenta con 48 horas para tomar indagatoria a los imputados, contados desde el momento de la detención de los mismos. A partir de la recepción de las declaraciones, el magistrado cuenta con un plazo de 10 días para resolver la situación procesal de cada uno de ellos”. Asimismo, Aramberry indicó que en esta instancia se los notificará formalmente de las actuaciones que pesan en contra de los ex miembros del directorio de Waigel, quienes además designarán formalmente sus defensas. No obstante, anticipó que “todos tienen defensa particular. 5 de los aprehendidos están con un abogado y los otros 3 con 2 abogados más”. Se trataría de los Dres. Guillermo Vartorelli, Miguel Cullen y Jorge Sueldo.

En cuanto a los motivos que llevaron a la detención de Miguel Artemio Waigel, su esposa María del Carmen Schroeder, sus hijos “Miguelito” Waigel, Maricel Alejandra y Nancy del Carmen Waigel, como así también los herederos de Fermín Waigel, sus hijos Juan Pablo y Andrea Carina y quien era su esposa Rosa Inés Buttazoni, el fiscal explicó: “La causa viene a raíz de la denuncia de los Síndicos Cerini & Asoc., quienes se presentaron y pusieron en conocimiento diversos hechos de los cuales fueron interiorizándose por sus actuaciones en la vía civil. En su momento, particulares lo habían hecho, pero la causa se archivó, por determinados obstáculos legales. Ahora procede la imputación, porque ya fue declarada la quiebra, que es el requisito para perseguir el delito. Todas las personas detenidas formaron parte de la dirección de la empresa. Por el momento no hay personas aprehendidas que no hayan desempeñado cargos en la firma, por eso revisten la calidad de autores del delito que se les atribuye, sino no hubieran sido actores y sí partícipes. Las irregularidades detectadas son varias y son los objetos de imputación, que sería conveniente y prudente mencionarlos una vez que avance el procedimiento. La causa cuenta con varias pruebas. Entendimos que la complejidad de los hechos atribuidos, como la participación de distintas personas y el vencimiento próximo de la prohibición de salir del país en virtud de la quiebra, ameritaba la detención. Lo solicitamos al Juez de Instrucción y este en coincidencia con nuestros fundamentos, dispuso la captura. Dicha medida cautelar no responde a la cuestión civil, sino que más bien es a los fines de asegurar el propio procedimiento penal. Estamos abocados en este momento a determinar la responsabilidad penal de lo que ha surgido de la causa civil”.

Sin entrar en los pormenores de la causa penal en cuestión, Aramberry explicó que “se entiende por quiebra fraudulenta, lo que en términos singulares puede describirse como una insolvencia. Es decir, enajenar bienes para desentenderse de las obligaciones dinerarias que se tienen, lo cual perjudica o pone en riesgo el crédito de los acreedores. En este caso, estamos ante un tercero, que vendría a ser la sociedad. La misma se vio desprovista de los bienes destinados a servir de garantía en el proceso concursal, a través de distintas conductas delictivas”. Conforme lo establecido por el Código Penal de la Nación, la quiebra fraudulenta está sancionada con una pena máxima de 6 años de prisión e inhabilitación especial de 3 a 10 años.

 

 

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