Quienes tengan motos o partes robadas de las mismas pueden terminar en la cárcel

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Las motos se roban para luego venderlas, enteras o en partes. Los ladrones que se dedican a este delito tienen una clientela importante, y entre ambos se retroalimentan para constituir uno de los principales flagelos delictivos.

Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenó imputar a aquellos que tengan o circulen en motos robadas, por el delito de Receptación sospechosa (igual al encubrimiento) que el Código Penal sanciona con seis meses a tres años de prisión.

En Paraná, en numerosos hechos como accidentes, allanamientos y controles de tránsito, al momento de identificar el vehículo surge que tiene un pedido de secuestro por haber sido robado. En ese momento, la moto se secuestra y quien la tiene en su poder se va a su casa sin problemas.

Por esto es que los fiscales recibieron la instrucción del procurador general de la Provincia, Jorge García, de aplicar el artículo 277 del Código Penal, que sanciona a aquel que “Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito”.

Además, desde la Fiscalía consideran que “es habitual que las personas que se dedican a la compra de los motovehículos hurtados o robados, y su posterior rescate y/o venta de autopartes, también se dediquen a la venta de estupefacientes y tenencia ilegítima de armas de fuego”. Esto surge a partir del análisis de los procedimientos en los que se secuestran drogas, armas y municiones, donde también encuentran motos con diferentes irregularidades o denunciadas como robadas.

También afirman que en reiteradas ocasiones se ha probado que quienes roban las motos y las venden, utilizan el dinero de esta comercialización para la compra de drogas.

En este sentido, la Fiscalía plantea: “Teniendo en cuenta esta circunstancia, es claro que con la investigación del hurto o robo de motovehículos y su posterior rescate, se podrían esclarecer los delitos de tenencia o portación ilegítima de armas de fuego y venta de estupefacientes”.

 

Entre los objetivos planteados también está individualizar a quienes venden motos robadas y a los responsables de desarmaderos clandestinos.

Muchas veces las personas a quienes les secuestran las motos por irregularidades van a pedir que se las devuelvan por motivos laborales, por ejemplo. Ante esta situación, García ordenó a los fiscales a partir de ahora “oponerse a la devolución de los motovehículos en caso de que hubieren sido utilizados o servido para cometer el hecho, o queden sujeto a decomiso”.

 

En la capital provincial no se puede dejar una moto estacionada, con traba, alarma y candado, sin ser una tentación para esta actividad delictiva, que a veces la cometen ladrones solitarios y otras grupos con cierto nivel de organización: ladrones, vendedores, desarmaderos, intermediarios para el pago de rescates, y hasta se investiga la participación de policías que pasan los datos de víctimas que radican las denuncias, consignó Uno.

Las cifras proporcionadas por la Policía de Entre Ríos alarmó al Ministerio Público Fiscal. “En el período comprendido entre enero y junio de 2012 se han tramitado 1.033 sumarios prevencionales”, por causas en las que motos tuvieron intervención.

En ese mismo semestre se contaron 320 siniestros viales con la participación de motos, por los cuales se iniciaron causas judiciales por Lesiones culposas y Homicidio culposo, sea por conducción imprudente o por la conducción antirreglamentaria.

Además, se informó que en el mismo período se produjeron 265 robos en los cuales se utilizaron motos como medio de transporte o movilidad para perpetrarlos. Se trata de Robos simples, como los arrebatos callejeros o de motochorros, y Robos Calificados por el uso de armas de fuego o blancas.

También se enumeró dentro de los delitos que involucran a las motos, “Adulteración de numeración de identificación de los vehículos obtenidos en forma ilícita para ponerlos ilegalmente nuevamente en el mercado comercial”, Encubrimiento, Estafas y extorsiones, así como “la sustracción de motovehículos en las comisarías” cometidos por propios policías.

Se remarcó además el acuerdo de la Fiscalía con las exigencias del municipio respecto, por ejemplo, del patentamiento o el uso del casco para cargar nafta. Medidas que, al reducir la cantidad de accidentes, no solo descomprimen el sistema judicial, sino que también se ahorra un gasto millonario a los hospitales públicos, así como el gasto de personal y trámites que la Policía y Criminalística deben hacer en cada operativo.

 

 

 

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